El Concejo Municipal de Atlanta votó por unanimidad el lunes 18 de mayo de 2026 para encargar un estudio de viabilidad formal sobre la sustitución del control de seguridad federal de la TSA en el Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport por un contratista privado bajo el actual Screening Partnership Programme del gobierno. La resolución, patrocinada por el concejal Byron D. Amos, fue aprobada tras uno de los periodos más caóticos en la historia operativa del aeropuerto: un cierre parcial del gobierno federal que se prolongó durante febrero y marzo de 2026 y que dejó al aeropuerto más transitado del mundo abrumado, con falta de personal y humillado a la vista del público. Si el estudio finalmente respalda una transición y la TSA la aprueba, Atlanta no solo se convertiría en el aeropuerto más grande en pasar a controles privados, sino que además establecería un precedente que obligaría a considerar la misma medida a todos los demás grandes hubs estadounidenses (desde LAX hasta JFK y O'Hare).

El cierre gubernamental que lo hizo políticamente posible

Hartsfield-Jackson estuvo casi paralizado durante el reciente cierre gubernamental, con más del 40% de los trabajadores de la TSA sin presentarse a trabajar. Finalmente se convocó a agentes de ICE para ayudar con la seguridad. La resolución afirma que las ausencias provocaron "esperas de varias horas, vuelos cancelados y un daño económico sustancial al público viajero y a la economía regional."

Esta medida llega después de que los viajeros esperaran en filas de horas en Hartsfield-Jackson debido a un cierre parcial del gobierno, a que agentes de la TSA se ausentaran del trabajo y a que en marzo se desplegaran agentes de ICE en el aeropuerto.

La resolución reconoció el contraste con los aeropuertos que ya habían optado por el modelo SPP. El documento, patrocinado por el concejal Byron D. Amos, señaló que ninguno de los aeropuertos SPP sufrió interrupciones del nivel de Atlanta durante el cierre.

Ha Nguyen McNeill, funcionaria principal en funciones de la administradora de la TSA, confirmó las conclusiones desde una perspectiva regulatoria:

«Expandir el SPP es una de las muchas vías que la administración Trump busca para ayudar a proteger a nuestra fuerza de control de fallos en las apropiaciones del Congreso.» Añadió que «los empleados de la TSA habían dejado de recibir cerca de 1.000 millones de dólares en sueldos en este año fiscal.»

Qué hace realmente la resolución

El Comité de Transporte del Concejo Municipal de Atlanta votó 5-0 la noche del lunes para avanzar la Resolución 26-R-3429, presentada por el concejal Byron D. Amos. Ordena al gerente general del aeropuerto encargar un estudio de viabilidad independiente en el plazo de 90 días, evaluando si ATL debería sustituir a los oficiales federales de la TSA por contratistas privados bajo el TSA Screening Partnership Program.

Amos, que anteriormente trabajó en el equipo de seguridad de Hartsfield-Jackson, se mostró deliberado al enmarcar el alcance de la resolución:

«(Es) solo un papel que dice que vuelvan con un estudio de 90 días sobre la viabilidad. Si es bueno, si es malo, cuánto costaría, cómo lo haríamos si decidimos hacerlo. Al menos que responda algunas preguntas sobre las que ahora no tenemos claridad.»

También subrayó el desafío práctico de implementación: Amos ha dicho que la revisión profundizará en el coste, la dotación de personal y la logística para una operación del tamaño de ATL, así como en cómo podría desarrollarse cualquier transición para los trabajadores. Dijo al Atlanta Journal-Constitution que el objetivo es "averiguar cómo financiar esto y de dónde conseguir a la gente."

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El problema de Category X

Aproximadamente 20 aeropuertos estadounidenses utilizan actualmente examinadores privados bajo SPP, pero todos ellos están por debajo del umbral de Category X de la TSA. Category X es la clasificación de mayor riesgo, reservada para los aeropuertos más grandes y operativamente complejos. Hartsfield-Jackson es el único aeropuerto del mundo que maneja más de 100 millones de pasajeros anuales, y ningún aeropuerto de este tamaño ha probado la seguridad privada, lo que significa que ATL no tiene una comparación equivalente.

Sin embargo, existen algunos obstáculos importantes que el Concejo Municipal de Atlanta debe superar, sobre todo el hecho de que Atlanta Hartsfield está actualmente clasificado como aeropuerto 'Category X', que es la categoría de seguridad de mayor riesgo. Hasta ahora, ningún aeropuerto clasificado como Category X ha hecho la transición a la seguridad privada bajo el programa SPP.

La resolución reconoció esto directamente. Afirma que ningún aeropuerto del tamaño de Atlanta ha pasado a controles privados, "subrayando la necesidad de un análisis de viabilidad riguroso y basado en datos."

El precedente que preocupa a todos

Si ATL finalmente solicita y la TSA aprueba a un contratista privado, establecería el precedente para todos los aeropuertos Category X: Los Ángeles (LAX), Nueva York (JFK), Chicago O'Hare (ORD) y Dallas Fort Worth (DFW), por ejemplo, que podrían mirar a Atlanta como referencia.

El argumento académico a favor de la transición lo articuló Ramnath Chellappa, profesor de Sistemas de Información en la Goizueta Business School de Emory: "La privatización puede ayudar. Las empresas privadas se asegurarían de que se les pague." Señaló que las compañías privadas no estarían sujetas a las batallas presupuestarias federales, abordando directamente la causa raíz de la crisis de febrero-marzo.

Investigación citada por el Concejo

La resolución no se aprobó sin una base de evidencia. Según la investigación citada por el Concejo Municipal de Atlanta, los examinadores SPP han "demostrado ventajas de productividad y un rendimiento de seguridad comparable o superior al de los examinadores federales."

La administración Trump también había revelado que buscaba recortar millones de dólares del presupuesto de la TSA ampliando el programa SPP a más aeropuertos.

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La oposición sindical

La perspectiva de defensa de los trabajadores estuvo representada claramente por George Borek, delegado sindical de la American Federation of Government Employees que representa a los trabajadores de la TSA del área de Atlanta:

«No me gusta la idea de privatizar. Tienes una empresa con fines de lucro. ¿Qué significa eso? ¿Qué pesa más? ¿Son, al final del día, los dólares, o es el control?»

Los líderes sindicales y los trabajadores del aeropuerto advierten que la privatización de los controles podría crear nuevos problemas en torno a la formación, la responsabilidad y la rendición de cuentas.

La postura del propio aeropuerto de Atlanta

El aeropuerto afirmó que no está persiguiendo la privatización y que continúa trabajando en estrecha colaboración con la TSA para apoyar operaciones de control seguras, protegidas y eficientes. Esa postura deja a Atlanta en una posición de doble vía. Los legisladores de la ciudad se mueven para estudiar formalmente la cuestión, mientras que la dirección del aeropuerto ha mantenido su postura operativa actual.

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Qué cambia y qué no bajo el SPP

Para los viajeros, las preguntas prácticas son más sencillas. TSA PreCheck y CLEAR+ continuarían funcionando en los aeropuertos SPP. Las normas y estándares federales siguen siendo los mismos, y solo cambia la plantilla. Lo que cambia es la fiabilidad de la dotación de personal.

Aunque los proveedores SPP siguen siendo financiados a través del gobierno federal y no por el aeropuerto, el dinero proviene de obligaciones contractuales federales preexistentes en lugar de apropiaciones anuales directas.

Críticamente, los aeropuertos que solicitan no eligen a su contratista privado. Bajo SPP, los aeropuertos solicitan pero no seleccionan a su contratista. La TSA sigue teniendo la decisión final sobre quién gestiona el punto de control.

Un voto favorable en el comité y un estudio de 90 días están todavía muy lejos de instalar un control de seguridad privado en Atlanta, pero la dirección tomada es clara, y la pregunta que el aeropuerto más concurrido del mundo se hace ahora en voz alta tiene implicaciones que van mucho más allá de Georgia.